miércoles, 16 de octubre de 2019

¿Por qué los minipisos no son rentables en España y los Gobiernos quieren regularlos?

Me pide la autora de este artículo que lo difunda. Me ha parecido interesante, con algunos matices que pondré en los comentarios a dicho artículo.

Autora : Laura Serrano
publicación original:
 https://www.companias-de-luz.com/por-que-los-minipisos-no-son-rentables-en-espana-y-los-gobiernos-quieren-regularlos/


¿Por qué los minipisos no son rentables en España y los Gobiernos quieren regularlos?

Resumen: No cabe duda de que el sector inmobiliario va evolucionando y trata de adaptarse (o quizá aprovecharse de la complicada situación actual), pero los Gobiernos no se quedan atrás en este aspecto.



Luchamos desde hace décadas por la igualdad de género y aunque sí es verdad que muchas de las nuevas normativas e iniciativas son un buen camino para conseguirlo, otras propuestas son descabelladas o buscan conseguir un objetivo aplicando medidas que se salen de contexto como es el caso del reciente decreto de la vivienda en Euskadi, cuyo borrador se presenta durante el curso: Re-vivienda I Laboratorio de Vivienda de Euskadi, en el cual se imponen los criterios de construcción y distribución del espacio dentro del hogar. Se exige que las cocinas tengan un mínimo de 7 metros para evitar el aislamiento de la mujer.

Recursos chapuceros para el fomento de la igualdad
¿Acaso de este modo se garantiza el hecho de que el hombre va a colaborar en las tareas del hogar únicamente por tener más espacio disponible? ¿Es cuestión de educación o de falta de espacio?

Además, con todo esto se presupone que la mujer es la que siempre está al frente de los fogones. Esta afirmación es ofensiva para los hombres, que muchas veces son quienes se ocupan de esta tarea de forma consensuada. No se mencionan medidas especiales para otras zonas de la casa como el cuarto de baño. Al parecer, compartir la tarea de limpieza de los sanitarios no se considera tan importante… 
Según esta nueva ley, todas las construcciones de nuevas viviendas (en el País Vasco) deberán constar de 35 metros cuadrados para conseguir los permisos de habitabilidad, de los cuales 7 m2 al menos se destinan a la cocina y el dormitorio deben tener al menos 10 m2, y el cuarto de los progenitores debe tener un tamaño inferior al de los hijos.
¿Por qué se obliga a los ciudadanos a vivir bajo las mismas normas sin tener en cuenta sus preferencias y particularidades? Las medidas son comunes y oficiales para todos los casos, sin considerar a las personas que quieran vivir en solitario.

En otras ciudades grandes como París hay quienes prefieren vivir en estudios de 9m2 antes que compartir un apartamento de varias habitaciones con desconocidos

Nos damos cuenta de que se relaciona el espacio físico con el concepto de “vivienda digna” por encima de los servicios y recursos disponibles en la misma para propiciar la calidad de vida de quienes la habitan. 

Los minipisos podrían ser una estupenda opción para nuevos perfiles de usuario con necesidades específicas: camas individuales en diversos formatos (sofá-cama, camas abatibles) electrodomésticos de tamaño mini, potencias eléctricas reducidas y tarifas de energía adaptadas a pequeños consumos…
¡Pero todos sabemos que esto no es lo que conviene!
Las viviendas de los españoles están pensadas de la siguiente manera:
Para modelos de familia tradicionales con hijos que nunca llegan a independizarse.
Para habitantes que consumen por encima de sus necesidades con la televisión encendida a todas horas por norma aunque no la mire, con la calefacción central activa aunque no haya nadie en casa. 
Para que los residentes sean al mismo tiempo consumidores que compren todo “a lo grande, ande o no ande”: hornos gigantes y vitrocerámicas de cuatro fuegos aunque a nadie le guste cocinar, lavadoras y lavavajillas enormes cuya carga máxima hace que sean usadas 2 o 3 veces al mes…
Lo que ocurre es que la idea de los minipisos no propicia la sociedad de consumo actual y a la conservación del modelo de familia tradicional.

Se encubren los verdaderos problemas de la sociedad española
En lugar de preocuparse por la creación de empleo de calidad para que los jóvenes puedan independizarse cuanto antes, los líderes obligan a los padres a adquirir viviendas que permitan alojar a sus hijos de manera prácticamente indefinida. 

Y lo sorprendente es que a tener una habitación propia en casa de tus padres se le considere tener acceso a una vivienda digna, para un adulto en plena crisis de los 30…
La realidad es que cuanto más grande sea una vivienda más posibilidades hay de que sus residentes adquieran más y más productos, porque tienen más sitio para almacenarlos. Una vivienda grande es una apuesta segura para fomentar la sociedad de consumo y poner un parche frente al problema de la precariedad laboral (sobre todo juvenil).

¿Quién gana y quién pierde en esta batalla?
Se sabe que los millennials y la generación Z tienen una mentalidad de consumo más responsable, han desarrollado con éxito la conciencia medioambiental y prefieren ser usuarios antes que propietarios. Esta idea va contra el sistema convencional y por alguna vía tendrán que intentar perpetuarlo a la fuerza, a sabiendas de que esto nos perjudica.

En general, nos persiguen a todas horas con la idea del ahorro energético y el cuidado medioambiental pero nos imponen un sistema paradójico donde los únicos perjudicados son los ciudadanos a quienes les arrebatan su elección más básica: el derecho a elegir lo que cada cual considere una vivienda digna.


miércoles, 11 de septiembre de 2019

España apuesta por nuevas ayudas económicas y más concienciación para luchar contra la pobreza energética

Aquí reproduzco en artículo de la página web https://www.companias-de-luz.com/nuevas-ayudas-economicas-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica/ quienes nos han pedido colaborar en su divulgación.


España apuesta por nuevas ayudas económicas y más concienciación para luchar contra la pobreza energética


Resumen: Este mes saltó a los titulares de la prensa española que los tribunales habían dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona y condenaban a la compañía eléctrica Endesa a pagar una multa de 10.0001 euros por cortar la luz en 2017 a una familia que estaba en situación vulnerable. Según dictamina la sentencia, la energética no solicitó a los Servicios Sociales catalanes si estos vecinos se encontraban en riesgo de exclusión, de forma que incumplieron la ley de esta comunidad 24/2015 sobre la pobreza energética que así lo indica.


Una sentencia que sin duda marca un precedente porque pone entre las cuerdas a las compañías eléctricas, que todavía están reticentes ante los impagos de estas personas. Según marca la ley, no se puede cortar el suministro a las familias vulnerables. 

En este sentido, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han intentado en los últimos años sentarse a dialogar con las empresas para amparar a los que tienen menos recursos. La idea sería que ellas asumieran la mitad de los costes, además de implantar tarifas sociales. No obstante, por el momento no se ha materializado este compromiso. 
¿Qué es la pobreza energética?

Pobreza energética

La pobreza energética se define como la situación de un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas energéticas debido a la incapacidad de pagar estos gastos. No solo es el hecho de no abonar los recibos, sino también pasar frío o calor por no poder utilizar ciertos aparatos eléctricos (es decir, no mantener una temperatura adecuada en el hogar) o medir los usos para poder pagar las facturas. La persona que se encuentra en esta situación recibe el nombre de consumidor vulnerable.

Según los indicadores utilizados por el Gobierno de España, entre 3,5 y 8 millones de personas estarían sufriendo alguna de las diferentes ramas que abarca la pobreza energética. 

España sigue siendo unos de los países de la Unión Europea con los precios más altos de electricidad y gas y esto se refleja en sus habitantes. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, 6,8 millones de personas no alcanzan la temperatura óptima en su vivienda (porque no pueden encender el aire acondicionado o la calefacción por sus precios) o presentan deudas en sus facturas. Esto supondría el 15% de toda la población española.

Retrasos en los pagos

En concreto, 2,8 millones de estos tienen dos o más retrasos en sus pagos del último año. Los expertos apuntan que una de las razones es la actual división del mercado en libre y regulado (tanto en el sector energético como en el gasista) y el desconocimiento de algunas personas con escasos recursos que están adscritos al mercado libre y no pueden solicitar la ayuda económica que supone el bono social.

Lo mismo ocurre con la ignorancia del ahorro que supone contar con una tarifa de discriminación horaria. 
La pobreza energética es una forma de exclusión social, ya que no permite que todos los ciudadanos tengan derecho a electricidad, gas y agua en sus hogares. Es un concepto cada vez más utilizado por los políticos, que empiezan a tomar medidas para paliarla. 
Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

La Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aprobada en marzo de este mismo año por el Gobierno de Pedro Sánchez se llevará a cabo a partir de ahora hasta 2023. Este documento continúa en la línea de sus predecesores: los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, los objetivos de la Europa 2020 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero centrándose en España. 

Esta estrategia nacional se basa en los siguientes ejes que aparecen a continuación resumidos:
  1. Mejora el conocimiento de la pobreza energética. Este apartado se centra en la mejora de los indicadores así como en el conocimiento de los usuarios del gasto energético que necesitan y las opciones que les ofrece el mercado. 
  2. Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. Se centra en los subsidios para los consumidores vulnerables, en la creación de nuevos y facilitar el acceso a ellos.
  3. Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. Basarse en la economía desarrollada y sostenible para acabar con la pobreza energética y no contaminar el planeta a su vez. Por ejemplo: con rehabilitaciones express en viviendas.
  4. Medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Formar a los médicos de Atención Primaria para detectar a los pacientes que sufren de pobreza energética. Al mismo tiempo, crear mecanismos de sensibilización y conciencia colectiva acerca de este problema social.

nota. artículo publicado con autorización del titular de la página web.

Reflexión acerca de la Pobreza Energética

Desde la página web de compañias-de-luz.com nos mandan este interesante artículo en el que se hace una reflexión acerca de la pobreza energética y, en particular, hacen una análisis de la Estrategia Nacional de lucha contra la Pobreza Energética:

Os invitamos a leer el artículo completo que se puede encontrar en el siguiente link:


El argumento del artículo se plantea de la siguiente forma:
Resumen: Este mes saltó a los titulares de la prensa española que los tribunales habían dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona y condenaban a la compañía eléctrica Endesa a pagar una multa de 10.0001 euros por cortar la luz en 2017 a una familia que estaba en situación vulnerable. Según dictamina la sentencia, la energética no solicitó a los Servicios Sociales catalanes si estos vecinos se encontraban en riesgo de exclusión, de forma que incumplieron la ley de esta comunidad 24/2015 sobre la pobreza energética que así lo indica.
fotografía: autor Javier Blanco Aristín©

jueves, 30 de noviembre de 2017

Conclusiones del informe Riesgos y oportunidades en las inversiones financieras en el cambio climático (WWF)

Presentación del informe
"Cambio Climático: riesgos y oportunidades en las inversiones financieras"
link para descargar en pdf aqui
Como conclusión WWF recomienda a los grandes inversores los siguientes puntos:

1. Realizar un diagnóstico que evalúe el impacto climático en la gestión de las inversiones. Analizar la exposición al riesgo climático de su cartera de inversiones y comprobar si ésta se encuentra alineada con los objetivos del Acuerdo de París.

2. Definir el compromiso con el Acuerdo de París en los mandatos de la política de inversiones y las estrategias. Integrar los riesgos y oportunidades del cambio climático en las estrategias de inversión y apostar por los activos y sectores que van a tener un impacto real en la economía.

3. Comunicar adecuadamente a los share-holders (accionistas) y stake-holders (grupos de interés) el compromiso de alinear las inversiones con el Acuerdo de París.

4. Establecer una estructura de gobernanza climática. Se recomienda que sea una prioridad de la Junta de Accionistas el alineamiento de la cartera de inversiones con el Acuerdo de París, incluir una responsabilidad específica para que tomen acciones y decidan políticas de inversión, así como fijen objetivos, recursos y capacidades para involucrar a los accionistas.

5. Adecuar los procedimientos de inversión integrando la variable clima. Adoptar políticas de inversión que tengan en cuenta el cambio climático e incluir criterios que cuantifiquen los riesgos derivados de la exposición a las empresas con alta huella de carbono y el grado de alineamiento con los objetivos de menos de 2ºC. Desarrollar metodologías y métricas que faciliten el establecimiento de objetivos basados en la ciencia.
Asimismo, contribuir activamente al desarrollo de herramientas y metodologías que permitan fijar objetivos basados en la ciencia, y cumplir con dichos objetivos a medida que las herramientas y metodologías estén disponibles.

6. Aumentar la transparencia y definir un tipo de informe público conforme a las recomendaciones del Grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con cuestiones climáticas y el Grupo de expertos en políticas financieras sostenibles de la Comisión Europea. Anticiparse a los cambios regulatorios y de políticas en el contexto global, europeo y nacional que probablemente impongan obligaciones legales y aplicar las recomendaciones de estos grupos de forma voluntaria a partir de 2018.

7. Participar en las coaliciones de inversores por el clima9. Trabajar de forma colectiva con otros inversores institucionales para compartir las lecciones aprendidas, las mejores prácticas de inversiones sostenibles, compartir costes de transición, estandarizar metodologías y promover un avance regulatorio que aporte seguridad jurídica y contribuir a una mayor acción climática global por un mundo de menos de 1,5ºC.

8. Si se poseen activos en las empresas de combustibles fósiles y de altas emisiones, involucrarse como accionistas para incentivar un cambio en el modelo de negocio, diseñar estrategias enfocadas a que dichas empresas se comprometan a adoptar y publicar a corto plazo sus planes de transición hacia un escenario de menos de 2ºC.

9. Dialogar con los reguladores en el avance y mejora de los marcos regulatorios para adecuarlos al Acuerdo de París, en el caso español incorporar un articulado de finanzas para el clima en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

WWF Cambio Climático. Riesgos y oportunidades en las inversiones financieras

Jornada 30-11-2017 acerca de las oportunidades de las inversiones financieras de cara a la descarbonización comprometida en los acuerdos de París.
El cambio climático es un riesgo para toda la humanidad que habita en el planeta y también para su sistema económico, en especial para el sistema financiero.

Paradójicamente, este riesgo financiero puede convertirse en una oportunidad si realizamos una transición hacia una economía baja en carbono.

Se propone que los fondos de inversión tanto privados como públicos comiencen a desinvertir en la industria del carbón, como del petróleo y del gas, dado que sus valores pueden sufrir a largo plazo si no cumplen con la estrategia de la descarbonización. Se puede dar el caso de que una buena parte de los activos de esas compañías se conviertan en "activos varados" (sin posibilidad de explotar).

 Desde WWF pedimos un cambio en los mercados financieros hacia activos con menos riesgo y más sostenibles, algo que no solo redundará en beneficio del planeta, sino también de los propios inversores. El Gobierno debe incorporar este cambio en la "ley de cambio climático y transición energética".

El acuerdo de París (cop21) propone reducir 2ºC con un objetivo de llegar al 1.5ºC. 
WWF propone como modelo la redacción del artículo 173 de la ley francesa para el cambio climático. 
El informe se puede obtener en el siguiente enlace: cambio climático riesgos y oportunidades financieros